La desheredación : Excluir del testamento a los herederos forzosos

La desheredación: Motivos para

excluir del testamento a los

herederos forzosos

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Herederos forzosos son aquellos determinados por la Ley para los B que reserva una porción de la herencia de la que el testador no puede disponer y que se denomina LEGITIMA.

 

Sin embargo, existe el proceso de desheredación que trata de la disposición testamentaria por la que se priva a un heredero forzoso de su derecho a legítima, en virtud de una justa causa determinada por la Ley Para ello, es necesario que conste en el testamento y se haya justificado con alguna de las causas que aparecen tasadas en el Código Civil. Las causas de indignidad para suceder también lo son de desheredación, aplicables a todos los legitimarios y son las siguientes: -Si se ha acusado al testador de delito y la acusación se ha declarado calumniosa. -Si ha sido condenado en juicio haber atentado contra la vida del progenitor, de su cónyuge, descendientes o ascendientes. -Si se ha impedido con amenaza, fraude o violencia a ver el testamento o revocar aquel que estuviera hecho, o suplantar, ocultar o alterar otro testamento posterior. -En caso contrario, haber obligado al testador a hacer testamento o cambiarlo con amenaza, fraude o violencia.

 

Las causas específicas para desheredar a los hijos y descendientes se regulan en el artículo 853 y concordantes del Código Civil y son las siguientes:

 

-Si se ha maltratado de obra o injuriado gravemente de palabra.

No obstante, en esta materia hay que tener en cuenta las últimas Sentencias del Tribunal Supremo que han establecido que el maltrato psicológico a los padres, pudiendo entenderse como tal el menosprecio y abandono, permite desheredar a los hijos, al asimilarse al maltrato de obra.

-Si se ha negado, sin motivo legítimo, los alimentos al ascendiente que deshereda.

 

Las causas específicas para desheredar al cónyuge que se regulan en el artículo 855 del Código Civil, son:

 

1. Haber incumplido grave o reiteradamente los deberes conyugales.

2. Haber incurrido en las causas de pérdida de la patria potestad.

3. Haber negado alimentos a los hijos o al otro cónyuge.

4. Haber atentado contra la vida del cónyuge testador, si no ha mediado reconciliación.

 

Los efectos que puede tener la desheredación se regulan en los artículos 152, 857 y 973 del Código Civil. De ser justa, el desheredado perderá su derecho a la legítima, pero esto sólo le afectará a él, es decir, en ningún caso se extiende a sus descendientes, que siguen ocupando su lugar en la herencia y conservando los derechos con respecto a la legítima. Además, el desheredado pierde el derecho a percibir alimentos. Si se diese que la desheredación es injusta ya sea porque no se haya expresado la causa legal, no puede probarse o no sea una de las que recoge expresamente la Ley, se anula la institución de heredero en lo que haya perjudicado a la legítima del desheredado.

 

 

Artículo de interés: Custodia Compartida en el Código Civil.

 

 

Transmisiones Lucrativas a través de Pactos Sucesorios

TRANSMISIONES LUCRATIVAS A TRAVÉS DE PACTOS SUCESORIOS

 

 

 

LA AGENCIA TRIBUTARIA PROCEDE A MODIFICAR EL CRITERIO QUE HABÍA MANTENIDO HASTA AHORA, ESTIMANDO QUE NO EXISTE GANANCIA O PERDIDA PATRIMONIAL CON OCASIÓN DE TRANSMISIONES LUCRATIVAS A TRAVÉS DE PACTOS SUCESORIOS.

 

 

A partir de la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 9 de febrero de 2016, en resolución del recurso de casación en interés de la Ley interpuesto por la Administración General del Estado,   (STS 407/2016) desestimatoria del recurso en la que determina que en cuanto a la naturaleza de la apartación gallega, no estamos ante dos negocios uno inter vivos y otro mortis causa, sino ante un solo negocio en el que existe una única voluntad y finalidad común, sin que sea procedente descomponer su contenido económico para, desvirtuando su naturaleza jurídica y su funcionalidad, otorgarle un tratamiento tributario en función del impuesto a aplicar; la apartación gallega es un pacto sucesorio, y su tratamiento fiscal es el que se deriva de esta condición cualquiera que sea el impuesto del que se trate, cuando, como es el caso, no existe un tratamiento tributario específico en la regulación de uno u otro impuesto.

 

En definitiva, la apartación gallega, como pacto sucesorio, es una transmisión lucrativa por causa de muerte del contribuyente, comprendida dentro del art. 33.3.b) de la LIRPF;

Por su parte, el Tribunal Económico-Administrativo Central en resolución de 2 de marzo de 2016 recoge lo dicho en su sentencia por el Tribunal Supremo y resolviendo un recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio fija el siguiente criterio:

“A la alteración patrimonial puesta de manifiesto con ocasión de  las transmisiones realizadas mediante la institución de la apartación regulada en la Ley 2/2006, de 14 de junio de Derecho Civil de Galicia le resulta de aplicación lo dispuesto en el artículo 33.3.b) de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, por lo que se estima que en dichos supuestos no existe ganancia o pérdida patrimonial sujeta al IRPF, por cuanto las características propias de este pacto sucesorio del derecho civil gallego permiten concluir que nos encontramos ante una adquisición mortis causa”.

 

 

Artículo de interés: Custodia Compartida en el Código Civil.

 

Custodia Compartida en el Código Civil

CUSTODIA COMPARTIDA EN EL CÓDIGO CIVIL

 

 

 

La custodia compartida en el Código Civil.

 

El artículo 92 del Código Civil establece las condiciones sobre la guarda y custodia de los hijos.

Dice que se acordará el ejercicio compartido de la guarda y custodia de los hijos cuando lo soliciten ambos progenitores, pero que antes de tomar una decisión el juez debe “recabar informe del Ministerio Fiscal, y oír a los menores que tengan suficiente juicio cuando se estime necesario”, valorar las alegaciones de las partes y la relación que los padres mantengan entre sí y con sus hijos para determinar su idoneidad con el régimen de guarda.

La custodia compartida, según el apartado 7, no podrá concederse si cualquiera de los padres está “en un proceso penal iniciado por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro cónyuge o de los hijos que convivan con ambos. Tampoco procederá cuando el Juez advierta, de las alegaciones de las partes y las pruebas practicadas, la existencia de indicios fundados de violencia doméstica”.

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha defendido, en una sentencia que sienta jurisprudencia, que atendiendo al interés del menor la custodia compartida debe considerarse “normal e incluso deseable” para los niños, ya que salvaguarda su derecho “a relacionarse con ambos progenitores”.

También ha establecido los criterios en los que deben apoyarse los jueces para establecer la custodia compartida en caso de separación o divorcio. El juez deberá atender a cuestiones como el deseo expresado por los hijos, que los padres cumplan con sus obligaciones respecto a ellos, que se traten con respeto, el número de hijos o el resultado de los informes.

¿Y si no hay petición conjunta de ambos progenitores? En este caso, la ley dice que “excepcionalmente” el juez, “a instancia de una de las partes, con informe del Ministerio Fiscal, podrá acordar la guarda y custodia compartida fundamentándola en que solo de esta forma se protege adecuadamente el interés superior del menor”.

De todas formas, la decisión final corresponde solo al juez, ya que el informe del fiscal no tiene por qué ser favorable, según estableció el tribunal Constitucional en octubre de 2012.

Ahora, el Tribunal Supremo dice que “la continuidad del cumplimiento de los deberes de los padres hacia sus hijos con el consiguiente mantenimiento de la potestad conjunta, resulta sin duda la mejor solución para el menor”, ya que permite al niño “seguir relacionándose del modo más razonable con cada uno de sus progenitores” por lo que no puede ser “una medida excepcional”, sino “la más normal”, porque permite que el derecho de relacionarse con ambos padres, “sea efectivo”.

 

 

Artículo de interés: Transmisiones lucrativas a través de pactos sucesorios.

 

 

Obligaciones de los padres

LAS OBLIGACIONES DE LOS PADRES

 

 

 

Obligaciones de los padres: La Audiencia provincial de Badajoz establece que “El padre no puede renunciar a la patria potestad sobre su hija como excusa para eludir el cumplimiento de sus obligaciones”.

La Sentencia considera que no es admisible aceptar la renuncia expresada por el padre, que alega que la misma viene motivada por su deseo de evitar enfrentamientos y malas relaciones con la madre de la menor.

Lo que debe prevalecer en estos supuestos es el superior interés de la menor.

Artículos de interés: Custodia Compartida.

 

Reglamento General de Protección de Datos

REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCION DE DATOS

El régimen sancionador se aplicará cuando el tratamiento de los datos de carácter personal que maneja la empresa, no se adecua a la norma. En su artículo 83.2 se especifica que las multas se establecerán en función a la infracción de que se trate.

Para establecer la cuantía de las sanciones se tendrá en cuenta;

1. La naturaleza, gravedad y duración de la infracción, estudiando la naturaleza, alcance o propósito de la misma, así como el número de interesados afectados y el nivel de los daños y perjuicios que hayan sufrido.

2. La intencionalidad o negligencia en la infracción.

3. Cualquier medida tomada por el responsable o encargado del tratamiento para paliar los daños y perjuicios sufridos por los interesados.

4. El grado de responsabilidad del encargado del tratamiento de los datos, habida cuenta de las medidas técnicas u organizativas que hayan aplicado para salvaguardar la información.

5. Toda infracción anterior cometida por el responsable o el encargado del tratamiento.

6. El grado de cooperación con la autoridad de control con el fin de poner remedio a la infracción y mitigar los posibles efectos adversos de la infracción.

7. Las categorías de los datos de carácter personal afectados por la infracción.

8. La forma en que la autoridad de control tuvo conocimiento de la infracción, en particular si el responsable o el encargado notificó la infracción y, en tal caso, en qué medida.

9. Que el responsable o el encargado de que se trate, en relación con el mismo asunto, ya haya sido sancionado, entre otras, con una advertencia o apercibimiento al cumplimiento de dichas medidas.

10. La adhesión a códigos de conducta o a mecanismos de certificación aprobados con arreglo al articulado del propio RGPD.

11. Cualquier otro factor agravante o atenuante aplicable a las circunstancias del caso, como los beneficios financieros obtenidos o las pérdidas evitadas, directa o indirectamente, a través de la infracción.

La cesión de datos a un prestador de servicios sin que se haya suscrito previamente el correspondiente acuerdo podra ser multado hasta con 10 millones de euros o un 2% del volumen de negocio total anual del año anterior