Registro horario de Trabajadores

REGISTRO HORARIO DE TRABAJADORES

 

 

Desde el 12 de mayo de 2019 los empleadores están obligados a llevar un control diario de las horas realizadas de cada empleado, incluidos los trabajadores a jornada completa.

 

Registro horario de trabajadores

Los registros de las jornadas de trabajo pueden ser manuales o mediante medios electrónicos.

En el caso de realizar el control de horas de trabajo de forma manual, el trabajador debe determinar de forma diaria los siguientes conceptos:

• Hora de entrada y salida del puesto de trabajo (serán dos en caso de horario partido).

• Detalle de horas ordinarias.

• Número total de horas extraordinarias (en caso de realizarlas).

• Firma diaria del trabajador.

• Firma de la empresa y del trabajador al final del documento al finalizar el mes.

Al final de cada mes se hará una copia del documento de registro que se entregará al trabajador junto con su nómina. La empresa debe guardar el documento de registro original, y en caso de una Inspección deberá de poder presentarlo al momento para comprobar que se está registrando este control de horas directamente en el propio centro de trabajo, para poder evitar una manipulación posterior. Por tanto, en caso de que recibas una inspección en el propio centro de trabajo, es posible que te soliciten al momento registro de control de horas de trabajo de todos tus empleados.

En caso de que la empresa incumpla las medidas de registro y control de las horas de trabajo, la Inspección de Trabajo podrá extender acta de infracción e imputar multas que van desde los 626€ hasta los 6250€.

 

 

Artículo de interés: Custodia Compartida en el Código Civil.

El contrato de alquiler con la última reforma de la LAU

EL CONTRATO DE ALQUILER CON LA ÚLTIMA

REFORMA DE LA LAU

 

 

La nueva ley de alquiler que ha entrado en vigor el 5 de marzo de 2019 ha modificado parcialmente la Ley de Arrendamientos Urbanos mediante el Real Decreto-Ley 7/2019, de 1 de marzo.

 

Principales modificaciones:

 

· La prórroga obligatoria de los contratos de alquiler se amplía de tres a cinco años, y la prórroga tácita de uno a tres años para personas físicas, en el caso de que el arrendador o el arrendatario no manifiesten su voluntad de no renovarlo.

 

· En el caso de que la parte arrendadora sea una persona jurídica serán siete años de contrato obligatoria y tres de tácita..

 

· La subida de la renta anual estará ligada al IPC durante los cinco años que dure el contrato.

 

· Se limita a dos meses de renta las garantías adicionales a la fianza un mes, salvo que se trate de contratos de larga duración

 

· Para poder resolver el contrato, una vez llegada la fecha de vencimiento del contrato o de cualquiera de sus prórrogas el arrendador debe comunicar al inquilino, su voluntad de no renovarlo, con, al menos, cuatro meses de antelación y si es el inquilino debe avisar con dos meses de antelación.

 

· En caso contrario, el contrato se prorrogará obligatoriamente por plazos anuales hasta un máximo de tres años más, salvo que el inquilino manifieste al arrendador con un mes de antelación a la fecha de terminación de cualquiera de las anualidades, su voluntad de no renovar el contrato.

 

· El comprador de una vivienda en alquiler debe respetar el contrato vigente, esté o no inscrito en el Registro de la Propiedad.

 

· La potestad de recuperación de la vivienda por el propietario para resolver anticipadamente el contrato debe quedar recogida expresamente en el contrato.

 

· Los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato irán a cargo del arrendador, siempre que sea una persona jurídica.

 

Artículo de interés: Custodia Compartida en el Código Civil.

Prescripción de las deudas tributarias

 

PRESCRIPCIÓN DE LAS DEUDAS TRIBUTARIAS

 

 

El art. 66 de la Ley General Tributaria fija en cuatro años el plazo general para la extinción de la deuda tributaria. Los cuatro años se empiezan a contar a partir del término del plazo reglamentario y voluntario para presentar la correspondiente declaración o autoliquidación.

La extinción se da sin que haya reclamación por parte del obligado tributario. Por tanto, pasados estos cuatro años, la Administración no puede exigir el pago de la deuda tributaria pero el contribuyente también pierden el derecho a realizar cualquier acción derivada, esto es por ejemplo, la solicitud de la devolución de ingresos indebidos.

Hay que tener en cuenta que Hacienda puede interrumpir el proceso mediante envío de una notificación, o cualquier acción o movimiento de la Administración tributaria sobre la deuda tributaria puestos en conocimiento del deudor.

También se interrumpe la prescripción por la interposición de reclamaciones o recursos o por cualquier actuación fehaciente del obligado tributario sobre la liquidación o autoliquidación de la deuda tributaria, la devolución, reembolso o rectificación de la autoliquidación. Y por la declaración de concurso de acreedores por parte del deudor, o por la recepción de la comunicación de un órgano judicial en la que se ordene la paralización del procedimiento administrativo en curso.

Se modifica el plazo si se recibe una notificación de Hacienda con aviso de inicio de procedimiento de inspección, el plazo de prescripción ya no será de cuatro años sino que se amplía a ocho años.

Y el plazo de prescripción será de diez años en caso de procedimiento de comprobación por parte de Hacienda de las deudas compensadas o pendientes de compensación así como de las deducciones aplicadas o pendientes de ello.

La desheredación : Excluir del testamento a los herederos forzosos

La desheredación: Motivos para

excluir del testamento a los

herederos forzosos

.

 

 

Herederos forzosos son aquellos determinados por la Ley para los B que reserva una porción de la herencia de la que el testador no puede disponer y que se denomina LEGITIMA.

 

Sin embargo, existe el proceso de desheredación que trata de la disposición testamentaria por la que se priva a un heredero forzoso de su derecho a legítima, en virtud de una justa causa determinada por la Ley Para ello, es necesario que conste en el testamento y se haya justificado con alguna de las causas que aparecen tasadas en el Código Civil. Las causas de indignidad para suceder también lo son de desheredación, aplicables a todos los legitimarios y son las siguientes: -Si se ha acusado al testador de delito y la acusación se ha declarado calumniosa. -Si ha sido condenado en juicio haber atentado contra la vida del progenitor, de su cónyuge, descendientes o ascendientes. -Si se ha impedido con amenaza, fraude o violencia a ver el testamento o revocar aquel que estuviera hecho, o suplantar, ocultar o alterar otro testamento posterior. -En caso contrario, haber obligado al testador a hacer testamento o cambiarlo con amenaza, fraude o violencia.

 

Las causas específicas para desheredar a los hijos y descendientes se regulan en el artículo 853 y concordantes del Código Civil y son las siguientes:

 

-Si se ha maltratado de obra o injuriado gravemente de palabra.

No obstante, en esta materia hay que tener en cuenta las últimas Sentencias del Tribunal Supremo que han establecido que el maltrato psicológico a los padres, pudiendo entenderse como tal el menosprecio y abandono, permite desheredar a los hijos, al asimilarse al maltrato de obra.

-Si se ha negado, sin motivo legítimo, los alimentos al ascendiente que deshereda.

 

Las causas específicas para desheredar al cónyuge que se regulan en el artículo 855 del Código Civil, son:

 

1. Haber incumplido grave o reiteradamente los deberes conyugales.

2. Haber incurrido en las causas de pérdida de la patria potestad.

3. Haber negado alimentos a los hijos o al otro cónyuge.

4. Haber atentado contra la vida del cónyuge testador, si no ha mediado reconciliación.

 

Los efectos que puede tener la desheredación se regulan en los artículos 152, 857 y 973 del Código Civil. De ser justa, el desheredado perderá su derecho a la legítima, pero esto sólo le afectará a él, es decir, en ningún caso se extiende a sus descendientes, que siguen ocupando su lugar en la herencia y conservando los derechos con respecto a la legítima. Además, el desheredado pierde el derecho a percibir alimentos. Si se diese que la desheredación es injusta ya sea porque no se haya expresado la causa legal, no puede probarse o no sea una de las que recoge expresamente la Ley, se anula la institución de heredero en lo que haya perjudicado a la legítima del desheredado.

 

 

Artículo de interés: Custodia Compartida en el Código Civil.

 

 

Servidumbres de Paso

SERVIDUMBRES DE PASO

 

 

Las servidumbres de paso se encuentran reguladas en los artículos 564 y siguientes del Código Civil y se trata de derechos reales consistentes en el gravamen impuesto sobre un predio en beneficio de otro que pertenece a un dueño distinto.

El que soporta la servidumbre es el predio sirviente, y se conoce como predio dominante al que tiene constituida a su favor la servidumbre.

Suponen, por tanto, un límite al principio de libertad de la propiedad que se presume libre de cargas y gravámenes.

 

 

Artículo 564 DEL Código Civil

 

“El propietario de una finca o heredad, enclavada entre otras ajenas y sin salida a camino público, tiene derecho a exigir paso por las heredades vecinas, previa la correspondiente indemnización.

Si esta servidumbre se constituye de manera que pueda ser continuo su uso para todas las necesidades del predio dominante estableciendo una vía permanente, la indemnización consistirá en el valor del terreno que se ocupe y en el importe de los perjuicios que se causen en el predio sirviente.

Cuando se limite al paso necesario para el cultivo de la finca enclavada entre otras y para la extracción de sus cosechas a través del predio sirviente sin vía permanente, la indemnización consistirá en el abono del perjuicio que ocasione este gravamen.”

La servidumbre de paso es una servidumbre discontinua y aparente y, como tal, únicamente puede adquirirse en virtud de título, tal y como establece el artículo 539 del Código Civil. Siendo indispensable, además, que en el convenio donde se establezca el derecho limitativo del dominio conste de manera clara e inequívoca el propósito de los otorgantes de constituir el gravamen y, en caso de duda de la voluntad de los otorgantes, operará siempre la presunción de libertad de la finca, por lo que la esencia del título al que se refiere el artículo 539 del Código Civil requiere un pacto o acuerdo de voluntades expreso entre los propietarios de los fundos implicados.

El título solo puede suplirse, de conformidad con el artículo 540 del Código Civil, por la Escritura de reconocimiento del dueño del predio sirviente o por Sentencia firme.

 

 

 

Artículo de interés: Custodia Compartida en el Código Civil.

 

 

 

 

Transmisiones Lucrativas a través de Pactos Sucesorios

TRANSMISIONES LUCRATIVAS A TRAVÉS DE PACTOS SUCESORIOS

 

 

 

LA AGENCIA TRIBUTARIA PROCEDE A MODIFICAR EL CRITERIO QUE HABÍA MANTENIDO HASTA AHORA, ESTIMANDO QUE NO EXISTE GANANCIA O PERDIDA PATRIMONIAL CON OCASIÓN DE TRANSMISIONES LUCRATIVAS A TRAVÉS DE PACTOS SUCESORIOS.

 

 

A partir de la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 9 de febrero de 2016, en resolución del recurso de casación en interés de la Ley interpuesto por la Administración General del Estado,   (STS 407/2016) desestimatoria del recurso en la que determina que en cuanto a la naturaleza de la apartación gallega, no estamos ante dos negocios uno inter vivos y otro mortis causa, sino ante un solo negocio en el que existe una única voluntad y finalidad común, sin que sea procedente descomponer su contenido económico para, desvirtuando su naturaleza jurídica y su funcionalidad, otorgarle un tratamiento tributario en función del impuesto a aplicar; la apartación gallega es un pacto sucesorio, y su tratamiento fiscal es el que se deriva de esta condición cualquiera que sea el impuesto del que se trate, cuando, como es el caso, no existe un tratamiento tributario específico en la regulación de uno u otro impuesto.

 

En definitiva, la apartación gallega, como pacto sucesorio, es una transmisión lucrativa por causa de muerte del contribuyente, comprendida dentro del art. 33.3.b) de la LIRPF;

Por su parte, el Tribunal Económico-Administrativo Central en resolución de 2 de marzo de 2016 recoge lo dicho en su sentencia por el Tribunal Supremo y resolviendo un recurso extraordinario de alzada para la unificación de criterio fija el siguiente criterio:

“A la alteración patrimonial puesta de manifiesto con ocasión de  las transmisiones realizadas mediante la institución de la apartación regulada en la Ley 2/2006, de 14 de junio de Derecho Civil de Galicia le resulta de aplicación lo dispuesto en el artículo 33.3.b) de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, reguladora del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, por lo que se estima que en dichos supuestos no existe ganancia o pérdida patrimonial sujeta al IRPF, por cuanto las características propias de este pacto sucesorio del derecho civil gallego permiten concluir que nos encontramos ante una adquisición mortis causa”.

 

 

Artículo de interés: Custodia Compartida en el Código Civil.